Mariano Moreno

Universidad Pública y Minería: una relación contaminada

Como sabrás en las últimas semanas se ha llevado a cabo un intenso debate sobre la recepción, o no, de fondos provenientes de la minera a cielo abierto “La Alumbrera” por parte de nuestra Universidad

En esta ocasión queremos acercarte el posicionamiento que tuvo la Agrupación Moreno, a través de nuestras consejeras, en el Consejo Directivo de la Facu y lo expresado en el Consejo Superior de la Universidad.

Un poco de historia… La ruta de los fondo$.

La mina “La Alumbrera” está ubicada en la provincia de Catamarca, a muy pocos kilómetros de la ciudad capital. Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad interestatal integrada por el Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno Nacional. Para la explotación de la mina, YMAD constituyó una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Limited (de capitales canadienses y suizos), conformada por Xstrata Copper, Yamana Gold y Goldcorp Inc. Esta unión empresarial mixta empezó a producir en 1997 y está previsto que sus utilidades se extiendan hasta el año 2017.

De las ganancias obtenidas por la explotación, “La Alumbrera”, resultante de la aplicación de la Ley Nacional 14.771 art. 18, inc C, debe girar un 20% al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), organismo compuesto por representantes (rectores) de todas las Universidades Nacionales del país.

Al igual que el año pasado, donde se traspasó la primera remesa de fondos, en mayo del 2009 el CIN acuerda la distribución de $36.800.000 entre las distintas Universidades Nacionales del país; sin promover ningún tipo de debate hacia el interior de la comunidad universitaria sobre el origen de estos fondos.

Por qué le decimos NO a los fondos de La Alumbrera?

El saqueo que produce la minería a cielo abierto pone en jaque la vida de todos los ciudadanos de la región. Esta actividad consume el 25% de la energía eléctrica que se suministra al nordeste de nuestro país.

Como si esto fuera poco “La Alumbrera” consume 65.000 litros de agua dulce por hora, generando un proceso de desertización irreversible. Los desechos de la minera contaminan ríos, napas y cuencas enteras al despedir sus ácidos tóxicos.

Muchas de las comunidades de la zona ya padecen sus efectos:

- imposibilidad de utilizar el agua dulce para la producción agrícola

- casos de niñ@s que nacen con malformaciones o que a edad temprana se le despiertan tumores cancerígenos

- mutación en la geografía, modificando el ecosistema de la región cordillerana

Nuestra Constitución Nacional, en su Art. 41, establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”.

Hoy, lamentablemente, muy lejos nos encontramos de poder garantizar estos derechos.

Al aceptar los fondos provenientes de actividades como ésta, las Universidades Nacionales se convierten en cómplices del saqueo a nuestras riquezas naturales.

Todos sabemos que las Universidades de nuestro país padecen un desfinanciamiento crónico, producto de las políticas neoliberales legalizadas en la actual Ley de Educación Superior (LES). Los integrantes de las comunidades universitarias se ven en la disyuntiva de aceptar o no fondos provenientes de actividades contaminantes o de empresas multinacionales radicadas en nuestro país.

Lo que pocas veces se dice es que estas políticas de ajuste, sobre las universidades, son parte de una estrategia que pretende introducir silenciosamente criterios mercantilistas que en muchos casos se imponen sobre los académicos y éticos que deben promover nuestras altas casas de estudios.

Estas prácticas, como la ideología plasmada en la LES, buscan desligar al Estado Nacional de su obligación indelegable de financiar a la educación superior con fondos del Tesoro Nacional.

Por su parte, las Universidades se ven en la necesidad de salir a “vender” sus “servicios” para adquirir los recursos que el Estado no les garantiza; creando una dependencia de recursos no estatales, que tienden a orientar las actividades de investigación, los planes de estudio y los perfiles de sus graduados, directamente a las necesidades del mercado.

Paulatinamente se está abriendo un camino hacia la privatización de la Educación Superior, jaqueando su autonomía y distoricionando brutalmente la noción de Extensión Universitaria, que pasa a entenderse como una mera venta de recursos a terceros.

Desde La Moreno entendemos que la Universidad Pública tiene el deber de poseer una mirada crítica sobre los modelos productivos y los impactos que estos generan sobre la población. Para poder sostener esa mirada crítica es necesario garantizar la total independencia de la Universidad de los intereses del mercado.

Nuestras Universidades deben actuar en defensa del bien público, generando espacios de debate, con la participación de toda la ciudadanía, que pongan en discusión los modelos productivos y de extracción de recursos en pos de definir colectivamente el modelo de país que queremos.

AGRUPACION MARIANO MORENO

Movimiento Nacional Reformista

Juventud del Partido Socialista